Reforma Electoral 2024

Las reformas constitucionales que en materia electoral han sido promovidas por la presidencia de la república desde 2022, han tenido como premisas el disminuir el costo de las elecciones y evitar los supuestos fraudes electorales.

Luego del rechazo de la primera reforma constitucional por parte del propio Congreso de la Unión, la aprobación de modificaciones legales que constituyeron el autodenominado “Plan B” y la declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones al proceso legislativo, el titular del Ejecutivo presentó nuevamente una serie de iniciativas de reformas constitucionales, entre las que se encuentra una nueva versión de su original reforma constitucional en materia electoral.

¿Qué diferencias tienen las reformas que ha propuesto el presidente en materia electoral?

1. Análisis comparativo:

A continuación, se presentan a detalle los contenidos de las reformas y el objetivo de las mismas:

Plan A

Desde 2021, en el contexto de su pretensión por desaparecer los órganos constitucionales autónomos, la controversia suscitada con el entonces presidente del Consejo General del INE, y con el objetivo de democratizar los comicios, además de criticar el presupuesto asignado a las labores electorales, y tras un parlamento abierto, el presidente de la república realizó su primer intento de reforma de 18 artículos constitucionales en materia electoral en noviembre de 2022. En esta reforma destacaron los siguientes puntos:

• Desaparecería el Instituto Nacional Electoral para crear en su lugar al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), como única autoridad para organizar elecciones federales y locales, atrayendo las funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales que, de la misma manera, se proponía desaparecer. Disminuiría el número de miembros del Consejo General a 7 consejerías.
• Modificaría la modalidad para la elección de las y los legisladores, ya que desaparece los que se eligen por el principio de Representación Proporcional (RP), para conformar el congreso con 300 diputaciones y 64 senadurías; no obstante, éstos ya no se elegirían por Mayoría Relativa sino por Representación Proporcional. La reforma también aplicaría a los congresos locales en tanto que propone reducir el número de sus integrantes.
• En materia de comunicación política, se pretendía que las excepciones para difundir propaganda gubernamental ya existentes, de carácter informativo y en materia de servicios públicos, dentro de los procesos electorales, se ampliaran.
• Por lo que respecta a los mecanismos de participación ciudadana, la propuesta versaba sobre la reducción del umbral necesario para la validación de la revocación de mandato a un 40%,
• Se proponía la utilización de modalidades electrónicas para las elecciones constitucionales.

Una semana antes de la votación del paquete de reformas constitucionales y hecho el cálculo legislativo, cuyo resultado le proporcionaba a Morena y partidos políticos aliados la mayoría simple en las cámaras legislativas, lo cual le permitiría una reforma legal, más no constitucional, el presidente modificó la estrategia y anunció lo que llamó un “Plan B”, consistente en reformas a 6 leyes sin cambiar la carta magna. La iniciativa fue presentada con urgencia, de tal manera que fue votada tan solo un día después de que no prosperara la aprobación de las iniciativas de reforma constitucionales en la Cámara de Diputados.

Plan B

La legislación secundaria que se proponía modificar incluía la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE), la Ley Federal de Consulta Popular y la Ley General de Comunicación Social.

Dado que no podía transformar al INE, al estar contemplada su creación en el artículo 41 constitucional, la modificación a su ley reglamentaria consideraba suprimir áreas administrativas, más del 80% de personal perteneciente al Servicio Profesional Electoral Nacional, y la disminución de 36 oficinas distritales del INE para pasar de 300 a 264, lo cual definitivamente mermaría su operatividad, en aras de la reducción de gastos en la materia.

En su momento, resultó tan atropellado el proceso legislativo, que se dispensaron trámites y se sometió a discusión, votación y aprobación inmediata, y dado que el bloque oficialista contaba con la mayoría suficiente en ambas cámaras la reforma prosperó, no obstante, se dividió el dictamen en dos, debido a correcciones que debieron hacerse sobre las leyes aprobadas, especialmente en lo que se dio en llamar la “cláusula de vida eterna” de los partidos políticos.

Si bien las reformas entraron en vigor, días después la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó primero la suspensión en su implementación, y posteriormente declaró la inconstitucionalidad y, por ende, la invalidez de las modificaciones por violaciones al proceso legislativo.

Iniciativas presentadas en 2024

El pasado 5 de febrero, el presidente de la república presentó un paquete de iniciativas de reforma en diversas materias, entre las que se encontraba una específicamente en materia electoral misma que, fundamentalmente, retoma las propuestas establecidas en el Plan A.

Más allá de la viabilidad política en el tránsito legislativo, las reformas requieren de un análisis técnico operativo en cuanto a su implementación para los procesos electorales venideros:

        a) La creación del INEC y la desaparición de los OPLEs

La propuesta versa en desaparecer las instituciones electorales locales con un afán de disminuir los costos, para que sea el INEC -órgano que se crearía con la reforma- quien asuma la función única de organizar las elecciones federales y locales. Según estimaciones, el ahorro rondaría los 24 mil millones de pesos (suma de los presupuestos estatales asignados); sin embargo, al asumir las funciones locales, el INEC requeriría un incremento de 40% de su presupuesto para hacerle frente, en cuestiones logísticas, administrativas, de recursos humanos y financieros, dado que se prevé que las elecciones se continúen realizando de manera simultánea, con Jornada Electoral en el primer domingo del mes de junio del año que corresponda.

Una de las problemáticas de centralizar la organización de las elecciones es la imposibilidad del organismo de identificar la problemática que atiende a la idiosincrasia local, a veces tan focalizados que no logran ser atendidos por el nivel nacional.

        b) Consejo General, mecanismo de elección de consejerías, reducción de integrantes y periodo de encargo

El órgano de máxima decisión en la autoridad electoral es el Consejo General. La propuesta prevé reducir de 11 a 7 consejerías, mismas que serían elegidas ya no por el procedimiento en el cual la Cámara de Diputados, apoyado por un comité, evalúa los méritos de las personas aspirantes con evaluaciones escritas y entrevistas, sino por elección mediante voto secreto y directo de la ciudadanía. En cuanto a la reducción en número, se sostiene con el débil argumento del ahorro, dado que este resulta insignificante.

La duración de seis años tendría como finalidad hacer coincidir las elecciones constitucionales federales y locales con las de las consejerías y otros cargos jurisdiccionales, sin embargo se convierte en un problema logístico ya que en algunas elecciones, además de las boletas de candidaturas a la presidencia, senaduría y diputaciones federales, la persona electora recibiría las de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, consejería del INEC, magistratura de la Sala Superior del TEPJF, ministra o ministro de la SCJN, magistratura de Tribunal de Circuito y juez o jueza de Distrito, lo que además de un reto para el elector, se convierte en una labor titánica para el funcionariado de casilla, CAEs y personas supervisoras electorales y consejerías distritales y locales.

La elección, por sí misma como mecanismo democrático, se fundamenta en una campaña política en la que la persona solicitante del voto se posiciona frente al electorado presentando una propuesta que confronta a las de sus adversarios, de tal suerte que, al obtener el triunfo, se somete al escrutinio público quien le aprueba su gestión o le reprocha su incumplimiento. La elección no atiende a méritos profesionales, sino a la persuasión lograda en las campañas profesionales, por lo que no garantiza la calidad de los perfiles que integrarían al Consejo.

        c) Elección de magistraturas, ministras, ministros y otros cargos

En el mismo sentido, la elección de magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, de ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de Tribunal de Circuito y personas juzgadoras de Distrito, si bien dentro de sus requisitos de elegibilidad se encuentran la formación especializada en Derecho, el no utilizar mecanismos rigurosos de selección, podría presentar el escenario de que personas sin preparación técnica imprescindible, sean elegidas para ocupar esos cargos, comprometiendo la calidad y la imparcialidad en la administración de justicia, dando paso a la politización del sistema jurisdiccional.

El hecho de que perfiles jurisdiccionales se vean obligados a hacer campañas electorales para ganar votos podría abrir la puerta al populismo y la demagogia en la búsqueda del sufragio y hacer que, siendo electos, se sientan presionados para tomar decisiones que favorezcan a determinados grupos con intereses particulares.

Por otro lado, la mayor rotación en los cargos generaría inestabilidad en el sistema judicial y dificultar, en mayor o menor medida, la continuidad en la administración de justicia, afectando la eficacia y la calidad de los fallos judiciales.

        d) Mecanismos de participación ciudadana y la reducción de su umbral de validez

La propuesta de reducir el umbral de validez podría eventualmente fomentar una mayor competencia y, por ende, una mayor participación, pilar en el cual descansa la democracia, por lo que aumentarían las oportunidades para que la ciudadanía se involucre directamente en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas, fortaleciendo el sistema democrático y aumentando la legitimidad de esas decisiones.

Sin embargo, al ser sobre mecanismos de participación ciudadana como la revocación de mandato y la consulta popular, no existiría un mayor compromiso de los promotores de los mecanismos para responder de manera directa a la base votante.

        e) Eliminación de legisladores plurinominales, y reducción en diputaciones locales y regidurías

La reducción de legisladores federales, fundada en un aparente ahorro al prescindir de entre 40 y 50% de las cámaras, propone eliminar a aquellos que son designados por el principio de Representación Proporcional, es decir, los que se asignan a los partidos políticos en función de la votación obtenida en la elección. Sin embargo, la historia demuestra que el surgimiento de legisladores plurinominales permite a las minorías el acceso a órganos colegiados, por lo que, de prosperar esta iniciativa, potencialmente dejaría sin espacios a la oposición.

La reducción a la integración de congresos locales y ayuntamientos, acotando el número de diputaciones y regidurías en función de la población de los estados y municipios, de igual manera basada en aparentes ahorros económicos, iría en contra de la configuración interna de las partes integrantes de la federación.

        f) Reducción de financiamiento público a partidos políticos

Si bien, la reducción del financiamiento público podría contribuir a una mayor eficiencia en el gasto gubernamental, por un lado, aumentaría la desigualdad de oportunidades al interior de los partidos, y por el otro, aumentaría la dependencia de éstos al financiamiento privado que, en el extremo, podría provenir de fuentes ilegales o a recurrir a prácticas poco éticas, comprometiendo con ello su independencia e ideología.

        g) Voto electrónico

La implementación del voto en su modalidad electrónica, poco a poco se va posicionando entre el electorado. Entidades federativas como Coahuila o Jalisco ya han implementado urnas electrónicas en elecciones constitucionales; a nivel nacional, el INE ha probado su proyecto de “boleta electrónica”, un dispositivo electrónico para la emisión electrónica del voto y en el voto desde el extranjero, está prevista la modalidad electrónica por internet; no obstante, la reforma propuesta carece de estructura ya que deja a la legislación secundaria la implementación de la propuesta, siendo dos los principales puntos en contra: tanto el costo del desarrollo, adquisición y mantenimiento de los equipos o el sistema electrónico que permita el voto ciudadano con secrecía y seguridad, como el necesario periodo de educación cívica para que la ciudadanía acepte la novedad.