Órganos electorales bajo ataque

Nuevamente estamos en medio de un debate sobre qué debería ser objeto de una reforma electoral y qué no y, como si el tiempo no hubiera pasado, la discusión parte de los presupuestos electorales y la manera de reducir el gasto en las elecciones. La solución la plantean algunos sectores desde la eliminación y reformulación del aparato institucional, sin que se contemple si ello garantiza la suficiencia presupuestal para todo el país y, sobre todo, sin la claridad de si eso garantice elecciones de igual o mayor calidad. El análisis de estos recortes debe hacerse con mucho detalle.

La democracia electoral tiene costos que no se pueden evitar. Las elecciones implican un gasto que es necesario e indispensable para garantizar procesos de calidad, y condiciones de equidad y de competitividad a efecto de poder tener elecciones certeras, libres y auténticas. La cifra a invertir parece muy baja cuando se compara con la posibilidad de no tener elecciones democráticas.

Los costos de una elección se agravan o reducen en buena medida dependiendo del tipo de sistema electoral con el que se cuente -centralizado, descentralizado o mixto- o de la confianza que se tenga en los procesos electorales -a mayor desconfianza, más dinero suele invertirse en medidas de seguridad-, por ejemplo. Lo cierto es que cada sistema electoral responde a necesidades específicas de su país y, antes de proponer cualquier tipo de modificación, es necesario entender de dónde venimos.

En México, a diferencia de varios países de la región, contamos con autoridades de carácter independiente encargadas de organizar las elecciones. Además, a diferencia de otras democracias del mundo, el sistema electoral se ha construido a partir de la desconfianza de actores políticos que elección tras elección exigen cambios al sistema, en algunas ocasiones para justificar sus malos resultados. Estas exigencias y garantías han sido uno de los factores que representan los altos costos de las elecciones mexicanas.

Por tanto, la operatividad y funcionamiento del sistema en su conjunto -autoridades jurisdiccionales y administrativas- son condiciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento de nuestro sistema electoral y del ejercicio en plenitud de los derechos políticos. Si esto no fuera así, el aparato no serviría más que para simular procesos transparentes y para garantizar la voluntad política de quien gobierna.

Nuestro sistema electoral cuenta con un complejo entramado institucional. Entre autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, locales y federales tenemos un aparato robusto compuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los 32 Órganos Públicos Electorales Locales (OPLES) y los 32 Tribunales Electorales Locales, todos ellos dotados de atribuciones y competencias específicas y con plena autonomía e independencia. Su autonomía es tanto técnica como de gestión y presupuestal.

Cada vez con más frecuencia las instituciones electorales se han convertido en blanco constante de ataques por parte de actores políticos, los cuales principalmente buscan pegarle a su autonomía. Esto se ha traducido mayormente en recortes presupuestales y algunas propuestas de reforma que buscarían eliminar varias de sus funciones o eliminarlos de facto del sistema electoral.

¿Cómo afectan esas disminuciones presupuestales a las autoridades? ¿Qué se pone en juego en nuestra democracia?

Recortes presupuestales

Desde hace varios años se ha encontrado como fórmula para presionar a las autoridades electorales la asfixia presupuestal a través de los Congresos, tanto a nivel local como federal. Se ha vuelto un lugar común que desde el legislativo se reduzca hasta en un 60% del presupuesto a las autoridades electorales respecto de lo solicitado originalmente, e incluso posteriormente recortes adicionales al momento de la entrega del mismo.

Estos recortes tienen un efecto tanto en las funciones de los institutos como en la organización de las elecciones, y termina comprometiendo por completo su autonomía, pues en muchos casos las autoridades electorales se ven obligadas a cabildear sus presupuestos y entrar al terreno político para poder obtener los recursos que necesitan. Además de lo anterior, el llamado principio de “austeridad republicana” ha buscado convertirse en la explicación completa para este tipo de recortes, incluso llegando a poner en riesgo la propia organización de las elecciones.

Estos son los presupuestos solicitados por las autoridades electorales en 2022:

Autoridades federales:

Elaboración propia.

Autoridades locales:

Elaboración propia

Cómo podemos ver, con base en los presupuestos solicitados y aprobados para el ejercicio 2022, en 7 OPLES y 21 Tribunales locales la cantidad solicitada y aprobada es la misma, mientras que en los casos tanto del INE, como de otros 25 OPLES y 11 Tribunales locales lo aprobado es menor a lo solicitado. Es importante considerar que los recortes más agresivos se han dado en los OPLES, y que aunque en los tribunales locales ha habido recortes estos han sido menores.

Ahora bien, si valoramos presupuestos totales, tenemos que las autoridades electorales en conjunto nos costaron este año $24,302,973,131.12, lo que equivale al 0.11% del PIB nacional (PIB de 2021), o el 0.24% del presupuesto de egresos de la federación para 2022 para el caso de las autoridades federales. En ambos casos el costo no superó el 1%.

Es importante mencionar que en estos costos no se tuvo en cuenta el financiamiento a los partidos políticos. Esta cifra, sumando las prerrogativas nacionales y locales, tuvo un total este año de $11,336,570,800.17, es decir, los partidos recibieron este año casi la mitad de lo que recibieron las autoridades electorales. Para verlo desde otra perspectiva, el partido político que más financiamiento público recibe en 2022 a nivel nacional es Morena con $1,835,107,842.00, esta cantidad por si sola es mayor a la que reciben cualquiera de los Institutos o Tribunales electorales locales en lo individual.

Recortes presupuestales.

Se ha vuelto relativamente común observar recortes a los presupuestos solicitados por las autoridades electorales y vemos con preocupación que estos recortes son cada vez mayores. Estos son los 5 institutos y tribunales locales que han sufrido mayor disminución en su presupuesto en el último año, lo cual se traduce en un riesgo operativo y pone en peligro futuros procesos electorales.

Elaboración propia.

Elaboración propia

En el caso de los OPLES, las entidades donde hubo mayores recortes presupuestales son gobernadas por Morena y el PRI (en el caso de Coahuila), y los Congresos locales tienen mayoría de esos mismos partidos, Morena y PRI. Como hemos visto, hay una fuerte tendencia a asfixiar a los partidos y, aunque no es una práctica nueva, vemos que las entidades gobernadas por Morena son las que presentan recortes más agresivos.

Estos recortes han comprometido el funcionamiento operativo de estos institutos. De acuerdo al análisis realizado por el INE sobre los OPLE cuya operatividad está en riesgo, los que tienen la situación más crítica son Nayarit, Morelos, Guerrero, Colima, CDMX y Campeche.

Por su parte, las entidades en las que los tribunales electorales locales tuvieron mayores ajustes dos son gobernadas por Morena, dos por el PAN y uno por Encuentro Social. Sin embargo, vemos que los recortes a los tribunales locales no sobrepasan en ningún caso el 40%.

Conclusiones

Entonces, ¿qué tan altos son los costos de la democracia? Pensado en los datos de 2022 que analizamos en esta entrada: un total de 11,701,191 de personas estuvieron habilitadas para votar, dado que hubo elecciones en 6 entidades del país. Esto nos dice que las elecciones de este año tuvieron un costo aproximado de $120mxn por persona, teniendo en cuenta que no todo el presupuesto del INE y del TEPJF estuvo destinado a trabajos de estas elecciones. Es importante tener en cuenta que ese total se distribuyó de manera equivalente entre tribunales e institutos a nivel local y federal.

Lo anterior nos permite analizar detenidamente el costo de las elecciones en México y entender que realmente no es significativo respecto de otros parámetros como son el PIB nacional o el presupuesto de egresos de todo el Estado mexicano. Por el contrario, este tipo de ejercicios permiten valorar la importancia que tiene política, social y económicamente contar con un sistema electoral confiable es mayúscula.

Es importante, por tanto, reflexionar sobre el daño que podría generar el tener autoridades electorales débiles, manipulables y poco confiables. El costo para México podría ser incuantificable cuando no se trate de elecciones auténticas y competidas.

Algo que vemos con preocupación es que tanto a los órganos legislativos como quienes administran la hacienda pública les parece fácil reducir a capricho -pues no se cuenta con ningún estudio- los presupuestos electorales sin considerar las consecuencias que ello implica. Parece revelarse que la democracia la entienden solo desde sus tintes políticos y que la autonomía e independencia del órgano legislativo se ve sometida a líneas políticas de los ejecutivos locales y federales.

Tan solo este año, el INE tuvo que desplegar diversos recursos jurídicos a efecto de poder defender su presupuesto. Estos esfuerzos no tuvieron resultados favorables y tanto su autonomía como su capacidad para organizar ejercicios electorales, como la revocación de mandato y el acompañamiento a elecciones locales, se vieron comprometidos por estos recortes.

Si la respuesta a la pregunta ¿qué es lo que queremos de nuestras autoridades electorales? Es “elecciones libres y auténticas, en donde la ciudadanía pueda ejercer su voto de manera universal, secreta y libre, y las y los actores políticos puedan contender bajo condiciones competitivas y equitativas”, es necesario entender que el valor de contar con ejercicios participativos es mayor al costo. Si lo que prevalece es el afán por abaratar las elecciones como sea, dando como resultado elecciones de baja calidad y con alta simulación, entonces el costo a pagar será la democracia misma.