El 23 de octubre de 2023, Samuel García pidió permiso al Congreso Local por 6 meses y designó al Secretario General de Gobierno como encargado. Dos días después, el Congreso nombró a José Arturo Salinas Garza, con licencia de magistrado, como Gobernador Interino. Samuel García, Javier Luis Navarro, Movimiento Ciudadano y Alejandro Villanueva impugnaron la designación, argumentando que el Secretario de Gobierno debía ser reconocido como Gobernador Interino según la Constitución.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el nombramiento del magistrado con licencia debido a que, efectivamente, al ser titular de otro poder estatal estaba impedido de asumir la gubernatura interina, aún y cuando mediara licencia. No obstante, si bien se permite la figura de encargaduría de despacho por parte del titular de la secretaría general de gobierno, también es cierto que solamente opera en caso de que la ausencia temporal del gobernador sea por un periodo menor a 30 días naturales, lo que lleva como consecuencia a que deba ser el congreso del estado de Nuevo León quien nombre a la persona que se encargaría interinamente del poder ejecutivo estatal.
La sentencia claramente exponía que en el congreso, debían generarse los consensos necesarios a su interior para determinar a la persona que temporalmente asumiera las funciones ejecutivas, dejando entrever en los votos concurrentes que una parte de la discusión entre las magistraturas de la Sala Superior, se dio en el sentido de si la persona que fuera nombrada interinamente debía pertenecer a la misma corriente ideológica del gobernador con licencia, esto es, si debiera ser alguien perteneciente a Movimiento Ciudadano.
La situación se complicó dado que la fecha límite para separarse de un cargo y estar en posibilidades de contender por la presidencia de la república, es el 2 de diciembre; esta situación debía resolverse a más tardar a las 23:59 hrs. del 1 de diciembre. Trascendió que el congreso del estado habría suspendido la licencia del gobernador hasta en tanto el gobernador interino nombrado por el congreso tomara posesión. A su vez, un juez de índole laboral en la ciudad de México suspendió ese acto del gobierno del estado, lo cual a todas luces le añadía mayor complejidad al asunto, por lo que aparenta una extralimitación en sus funciones.
En los últimos minutos del día, Samuel García emitió un decreto por el que el palacio de gobierno de Nuevo León se declaraba único recinto oficial del poder ejecutivo y procedió a resguardarlo con la fuerza pública. A su vez, se mantenía firme en su decisión de dejar el cargo en el último minuto del día para encarar la precampaña política y señalando que los asuntos de gobierno quedaban en manos del encargado de despacho que él había designado.
In extremis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la persona nombrada por el Congreso del Estado, Luis Orozco, era el gobernador interino y quien debía asumir sin que mediara obstáculo alguno; en el primer minuto del día 2 de diciembre García tomó posesión de la sede del ejecutivo, al tiempo en el que el secretario de gobierno informó que Samuel García reasumía su cargo como gobernador.
Al momento existe un gobernador con licencia que rehúsa la licencia, y un gobernador interino nombrado de un interinato que, en la práctica, aparentemente no se manifiesta. García ha declinado sus aspiraciones a la presidencia y volver a su cargo, pero el congreso local deberá aprobar estos movimientos.
Finalmente, Movimiento Ciudadano ha convocado a una asamblea para este lunes 4 de diciembre con el objetivo de definir un posible perfil viable para postular a la candidatura a la presidencia de la república. Es importante mencionar que ninguna persona que sea secretario/a o subsecretario/a de Estado, fiscal general de la República, ni gobernador/a podría buscar el cargo.
Actualización 4 de diciembre
Y entonces ¿Quién gobierna en Nuevo León? Esa fue la pregunta durante algunos días. Las posibles respuestas: a) Samuel García, gobernador constitucional y electo mediante voto popular en 2021, o b) Luis Orozco, gobernador interino y vicefiscal nombrado por el Congreso del Estado.
Ante la licencia aprobada al gobernador Samuel García y el nombramiento de Luis Orozco como gobernador interino, los enredos legales se dieron a partir de los diferentes recursos e instancias jurídicas que se agotaron. Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un comunicado en el que señalaba que el gobernador interino era el nombrado por el Congreso local, es decir, Luis Orozco, el gobernador constitucional, Samuel García, decidió no tomar la licencia que le fue otorgada, para lo cual publicó en el periódico oficial del Estado un documento en el que señalaba que no iba a tomar la licencia y por tanto asumía las funciones como gobernador, además esto mismo fue notificado al día siguiente al Congreso del Estado.
La controversia fue si el aviso de renuncia a la licencia, y la notificación al Congreso era suficiente o si el Congreso debía pronunciarse para que esto fuera válido. En este enredo, durante unos días tanto Samuel García como Luis Orozco señalaron, cada uno, que eran los gobernadores. Todo esto se desarrolló en las últimas horas del viernes 1 de diciembre y durante el fin de semana. Al final, el lunes 4 de diciembre, Luis Orozco renunció a la gubernatura interina, y el Congreso se pronunció por aprobar la renuncia y la reincorporación de Samuel García al cargo.
La pregunta que queda ¿todo esto era necesario?
La legislación no da una respuesta clara, es decir, no señala en qué momento se entiende que se reincorpora el gobernador que renuncia a la licencia o que decide no completar el plazo que dura la licencia, tampoco señala la necesidad del Congreso local de pronunciarse.
En este escenario, el Laboratorio Electoral se dio a la tarea de revisar otros casos similares. Lo primero que podemos decir es que no existe ningún antecedente exactamente igual, es decir, ninguno encaja al cien por ciento con lo sucedido en Nuevo León.
Uno de los antecedentes mediáticos remotos se conoció en 2007 cuando Leonel Godoy, entonces senador de la República, solicitó licencia al legislativo para contender y posteriormente ejercer la gubernatura en Michoacán por 4 años, término después del cual retomó sus actividades legislativas. De los más recientes, suscitados en 2018 al arribo de la cuarta transformación, fueron emblemáticos los casos de Manuel Velasco en Chiapas y Jaime Bonilla en Baja California.
En ambos casos, a diferencia de lo sucedido con Samuel García, contaban con un legislativo a su favor, de tal suerte que, en el caso de Velasco, el Congreso de Chiapas previamente había reformado la constitución para permitirle que, siendo gobernador, solicitara licencia por diez días para separarse del Ejecutivo local, nombrar un interino, asumir como senador, solicitar licencia ahora como senador (que en una votación desaseada finalmente le concedió la mayoría morenista) y darse el lujo de regresar como gobernador sustituto a concluir su periodo para, ya libre del cargo, ir al senado donde, hasta el mes de mayo de este año despachaba, antes de ser considerado una de las “corcholatas” de la coalición oficialista.
En Baja California, Bonilla, igualmente electo como senador, solicitó licencia para asumir como superdelegado de los programas de Bienestar federal en su tierra natal, ser candidato y posteriormente gobernador por 2 años tratando de ampliar, sin éxito, su mandato a 5 años. Al término del mandato en 2022, reasumió su cargo en la cámara alta, no sin antes dar la batalla legal ante los cuestionamientos de que no podía ser senador ya que en el inter había desempeñado la gubernatura, situación que la Sala Regional del TEPJF convalidó, siendo revocada finalmente esa decisión por la Sala Superior. En Chiapas y Baja California, bastó con la simple notificación de reasunción de funciones para que se hiciera efectivo el regreso.
Por lo pronto, si bien algunos de los procedimientos constitucionales sobreseyeron al quedarse sin materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene una suspensión sobre el Congreso de no designar a distinta persona para un eventual interinato. El congreso estatal deberá informar a la Corte la solicitud de Samuel García para no hacer efectiva la licencia, así como la renuncia de Luis Orozco a la designación emitida a su favor, y será el ministro Javier Laynez, instructor del asunto, quien defina, al menos de momento, un conflicto que ha ido escalando en magnitud, al borde de una crisis de constitucionalidad en el estado, y al que le hace una buena falta de dosis jurídica desde el más alto tribunal del país.
