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Laboratorio Electoral | ∙ Jul 21, 2026 |
La integridad electoral en Estados Unidos
El sistema electoral de los Estados Unidos de América ha sido históricamente un objeto de debate y cuestionamiento debido a su diseño altamente descentralizado, el cual otorga a cada uno de los cincuenta estados de la Unión la facultad de dictar sus propias directrices para los comicios locales y federales. A pesar de su naturaleza y la falta de un estándar de equidad uniforme, este entramado institucional ha funcionado durante décadas a partir de un consenso implícito entre las fuerzas políticas para respetar las diversas normativas vigentes. No obstante, este equilibrio descentralizado se encuentra actualmente bajo una presión sin precedentes debido a la erosión sistemática de la credibilidad pública y la confianza ciudadana en los procesos electoral, lo que mina significativamente la integridad electoral.
El 16 de julio de 2026, en un discurso televisado sobre el estado de la Unión (State of the Union), el presidente de Estados Unidos situó la integridad electoral en el centro de la agenda de seguridad nacional, argumentando la urgencia de reconfigurar las reglas de votación en el país. El momento político en que se produjo este pronunciamiento resulta determinante para percibir posibles motivaciones de fondo: la administración enfrenta un escenario adverso marcado por una popularidad estancada en torno al 40% y tensiones económicas derivadas del encarecimiento de la gasolina y los alimentos, tras la prolongación del conflicto geopolítico con Irán. A esto se suma la inminencia de las elecciones intermedias de este próximo noviembre, donde se disputarán la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de las 100 senadurías, 39 gubernaturas, el cargo de Fiscal General y numerosos puestos a nivel local.
Bajo este clima de polarización se recibió el mensaje. Vale la pena mencionar que cadenas televisivas con un perfil menos afín a la presidencia, como ABC, NBC y CNN optaron por no transmitir en vivo debido al historial de manifestaciones infundadas de fraude electoral que el mandatario ha sostenido en repetidas ocasiones sin éxito ante los tribunales, y de la necesidad de verificar la información vertida en sus discursos para no amplificar intentos de desinformación.
La coyuntura de reforma electoral en los Estados Unidos presenta similitudes conceptuales con las dinámicas de regresión democrática observadas en América Latina durante la última década, las cuales se caracterizan por una tendencia de los partidos de gobierno a modificar las reglas de la competencia para consolidarse en el poder, marginando a la oposición y debilitando los balances institucionales. Adicionalmente, y dada la importancia que este tema nos atañe como think tank especializado en democracia y elecciones, y en virtud de que Estados Unidos es un socio fundamental para México y un actor relevante en la región, consideramos oportuno analizar qué tanto sus acciones se apegan al concepto de integridad y cómo impactan a ese sistema democrático.
La integridad electoral en las reformas electorales
Hablar de integridad electoral es hablar de la confianza y credibilidad del sistema político y electoral de un país; especialmente uno que se precia de ser democrático. Sobrevivir como sistema democrático implica diversos retos, por lo que vale la pena reconocer que Estados Unidos es una de las democracias más antiguas del mundo: justo en este mes acaba de cumplir 250 años de independencia con mínimas correcciones a su Constitución y a su esquema político en lo general.
En nuestra publicación Reformas electorales como encrucijadas: entre el fortalecimiento o el desmantelamiento de la democracia, editada por la Fundación Konrad Adenauer, sostenemos que si las reformas electorales son impulsadas de forma unilateral o solo desde el gobierno, se corre siempre el riesgo de rediseñar las condiciones de competencia para dificultar el acceso al poder de la oposición, lo que se conoce como “autoritarismo competitivo”.
Ante la dificultad de implementar modificaciones de carácter constitucional, al no contar con la mayoría suficiente en el congreso, la estrategia oficialista ha canalizado las reformas a través de iniciativas legislativas federales, órdenes ejecutivas de carácter administrativo y decretos encuadrados bajo la etiqueta de seguridad nacional. El punto central de esta estrategia es la propuesta de la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Votantes Americanos, conocida popularmente con el simbólico nombre de SAVE America Act.
Introducida originalmente en la Cámara de Representantes por el congresista Chip Roy de Texas y patrocinada en el Senado por el senador Mike Lee de Utah, la iniciativa busca enmendar, de manera restrictiva, la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 (National Voter Registration Act o NVRA), que permite a los ciudadanos registrarse para votar de manera simplificada al obtener su licencia de conducir, por correo o mediante plataformas electrónicas, requiriendo únicamente una declaración bajo juramento y pena de perjurio para acreditar la ciudadanía, ya que en los Estados Unidos no existe un documento oficial único que sirva como credencial para votar. La propuesta SAVE busca sustituir este mecanismo por la obligación ineludible de presentar una prueba documental física de ciudadanía al momento de registrarse o de actualizar los datos electorales.
No obstante, entre otras situaciones polémicas, esta propuesta legislativa carece de una partida de financiamiento federal que ayude a los 50 estados a implementar este nuevo entramado de verificación, lo que podría traducirse en costos de ejecución que rebasarían los millones de dólares para cada estado. Además, a la asfixia presupuestaria inducida por la federación para las instancias encargadas de organizar los comicios se suma a la imposición de responsabilidades penales de carácter personal para los trabajadores electorales, elevando los riesgos de parálisis operativa y de deserción de personal calificado en las juntas de votación.
El sustento argumentativo de la reforma SAVE asume de manera errónea que el acceso a documentos de identidad oficiales y la posibilidad de realizar trámites presenciales están distribuidos de manera uniforme entre la población estadounidense. No obstante, los análisis técnicos elaborados por organizaciones no partidistas como el Brennan Center for Justice revelan que aproximadamente 21.3 millones de ciudadanos en edad de votar (cerca del 9.1% del total nacional) no poseen acceso inmediato a documentos físicos que acrediten su ciudadanía, y aproximadamente 3.8 millones carecen por completo de tales registros o de la posibilidad material de recuperarlos debido a su inexistencia en los archivos oficiales.
El impacto de estas restricciones posee una clara correlación demográfica e incide de manera desigual en sectores vulnerables: por poner un ejemplo, 69 millones de mujeres se verán afectadas ya que alrededor del 80% de casadas modifican su apellido de solteras, generando discrepancias entre sus actas de nacimiento y sus identificaciones oficiales, situación que se extiende hacia la población trans y no binaria cuya identidad de género, nombre legal y actas de nacimiento no coinciden, a partir de las disposiciones de la misma administración actual. Algo similar ocurre con personas pertenecientes a comunidades originarias pues ahora se prevería mostrar un documento donde se exhiba el lugar de nacimiento de la persona, especificación de la que carecen las identificaciones tribales, sobre todo las de aquellas personas no nacidas en hospitales.
Incluso, es problemático el trasladar el costo administrativo de obtener la documentación estatal certificada a la persona votante, dado que la propuesta SAVE America Act introduce un cargo económico que actúa como una barrera restrictiva. En el ámbito constitucional estadounidense, la Suprema Corte determinó en el caso Harper vs. Virginia Board of Elections que el cobro indirecto de cualquier arancel para poder ejercer el derecho al sufragio atenta contra los principios de equidad democrática. De este modo, al imponer obstáculos financieros que afectan con mayor severidad a sectores de bajos ingresos, la ley es catalogada como una reimposición encubierta del impuesto al voto, utilizando lo complicado y costoso que resultaría registrarse para votar como un filtro de selección socioeconómica y racial.
Dadas las dificultades para lograr la aprobación del proyecto en un Senado polarizado donde la oposición cuenta con la capacidad de bloquear iniciativas, el Poder Ejecutivo estadounidense ha procedido a instrumentar su agenda de reformas a través de la emisión de órdenes ejecutivas y mecanismos de presión presupuestaria. Esta ruta administrativa prescinde del debate legislativo bicameral y de la construcción de consensos con las fuerzas opositoras, centralizando facultades de arbitraje electoral en agencias federales dependientes del presidente.
Entre las medidas más polémicas dictadas mediante estas directrices ejecutivas destacan la prohibición de códigos de barra y QR en los procesos de cómputo y lectura automatizada de boletas electorales, alegando potenciales riesgos cibernéticos, aun cuando esto ralentiza severamente el escrutinio técnico en las juntas de votación. Por otro lado, también se ordena ignorar de manera definitiva los votos enviados por correo que sean recibidos con posterioridad al día formal de la elección, independientemente de que hayan sido matasellados dentro del plazo legal o presenten demoras atribuibles al Servicio Postal.
Además se delega en el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social la confección de una lista integrada de ciudadanos mayores de 18 años para ser distribuida a los gobiernos estatales antes de cada elección federal, obligando al Servicio Postal a distribuir boletas de votación anticipada únicamente a las y los electores incluidos en la referida lista nominal, exigiendo que todos los sobres cuenten con un código de barras específico para su rastreo individual por parte de agencias gubernamentales.
Esta estrategia centralizadora altera de manera sustancial la esencia de la arquitectura electoral descentralizada de los Estados Unidos. Históricamente, la desconcentración de facultades en los estados y en los condados, por ejemplo, ha constituido la principal salvaguarda frente a intentos de fraude sistemático. Intentar alterar los resultados de las elecciones presidenciales requeriría estructurar una conspiración simultánea que involucraría a miles de funcionarios de partidos opuestos y de carácter local, un escenario que se antoja improbable por la logística requerida. Al transferir facultades de verificación de registros al Departamento de Seguridad Nacional, el Ejecutivo debilita esta descentralización histórica, sometiendo la depuración de los padrones locales a una agencia de naturaleza política y controlada por el gabinete presidencial en turno.
La desclasificación de los documentos y las fake news
Para justificar la adopción unilateral de estas drásticas medidas, la administración Trump procedió el 16 de julio de 2026 a desclasificar y publicar en la página web oficial de la Casa Blanca (whitehouse.gov/election-integrity) una serie de expedientes que, según la narrativa gubernamental, demuestran la existencia de graves vulnerabilidades cibernéticas e interferencia extranjera activa en las elecciones. No obstante, el escrutinio técnico de esta información y las correspondientes verificaciones realizadas por medios independientes revelan inconsistencias significativas entre las afirmaciones del mandatario y el contenido real de los documentos gubernamentales desclasificados.
El presidente afirmó que el gobierno chino ejecutó el mayor ciberataque de la historia electoral, adquiriendo ilícitamente 220 millones de archivos de votantes de 18 estados, cuando en realidad un informe reveló que la base de datos de votantes (periodo 2013-2021) fue descargada por actores chinos en 2022 desde portales web comerciales de carácter público. Incluso, la cifra que se manejó es irreal, toda vez que el padrón, para 2024, apenas superaba los 174 millones de personas electoras.
Por otro lado, durante el informe se acusó, a través de un informe de la CIA, que mediante el sotware Smartmatic, el gobierno venelozano en 2020 trató de manipular las elecciones de manera digital. Si bien el informe existe, en éste también se aclara que estas capacidades requerían el control absoluto de cada etapa del proceso, lo que impedía replicar la manipulación en sistemas descentralizados como el estadounidense. En ese sentido, además de que no existe evidencia de que actores externos alteraran cómputos en los Estados Unidos en 2020, auditorías exhaustivas con recuentos manuales en Georgia y Wisconsin demostraron que las máquinas Dominion utilizadas computaron los votos con absoluta precisión.
En la desclasificación de documentos se muestran informes del FBI donde, según se acusa, en el estado de Michigan se instauró, para las elecciones de 2020, un operativo de fraude masivo de registros de votantes a favor de los demócratas. La verdad es otra: la oficina electoral de Muskegon, en Michigan, identificó alrededor de 6 mil registros dudosos enviados por un grupo privado, pero justamente el personal de la oficina electoral los detectó y descartó por inconsistencias en firmas y direcciones, remitiéndolos al FBI; es decir, el filtro de seguridad funcionó y no se emitió ningún voto fraudulento.
De igual forma, el discurso presidencial reavivó afirmaciones falsas respecto a que las elecciones en los Estados Unidos se desarrollan sistemáticamente sin solicitar identificación a los electores. Al respecto, el marco legal estadounidense indica que 36 estados de la Unión requieren o solicitan la exhibición de un documento de identidad para sufragar de manera presencial, existiendo en los 14 estados restantes metodologías alternativas y obligatorias de verificación de identidad como el cotejo de firmas autógrafas en los cuadernillos de votación.
Semáforo de cumplimiento
Si bien la arquitectura constitucional de los Estados Unidos, caracterizada por un federalismo descentralizado y un sólido sistema de pesos y contrapesos, está funcionando, ya que diversos tribunales federales han bloqueado la ejecución de los decretos presidenciales por inviabilidad constitucional y violación a las leyes vigentes, no es posible minimizar estas propuestas de cambio. En nuestro documento recientemente publicado por la KAS, destacamos que en general en los regímenes presidenciales contemporáneos, pero especialmente en América Latina, existe una tendencia a impulsar reformas electorales no para fortalecer la democracia, sino para capturar los equilibrios de poder desde el partido de gobierno, lo que nos exige ver estos intentos de reforma desde otra óptica.
Como lo analizamos en el texto mencionado, en la región ya se han presentado estos patrones de comportamiento. Tomando la experiencia que hemos estudiado, advertimos que, en este caso, la reforma también se encuentra diseñada, presentada y ejecutada casi exclusivamente desde el gobierno en turno, marginando la negociación política con la oposición y obviando el papel retroalimentador del congreso. De igual forma, la propuesta viene acompañada de asfixias presupuestales, bien para asegurar que se cumpla o, en caso de no cumplirse, para forzar los cambios a punta de reasignación de recursos. La narrativa en la que se basa es la integridad electoral y la injerencia extranjera pero estas acusaciones no vienen acompañadas de un análisis técnico independiente, ni son capaces de demostrar los riesgos que asegura atender.
En nuestra publicación proponemos un decálogo con los parámetros ideales de una democracia representativa para reformas legales en materia electoral. Al hacer un tamizaje de esta reforma con estos estándares, observamos que la propuesta actual de reforma en Estados Unidos no los atiende y revienta la integridad electoral:
Semáforo de cumplimiento del decálogo de Laboratorio Electoral/KAS para reformas electorales
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1. Prioridad de la dignidad humana y el bien común |
La reforma impone barreras burocráticas que dificultan o excluyen el ejercicio del voto de millones de personas que no cuentan con un documento de identidad, lo cual excluye principalmente a grupos minoritarios. |
No cumple |
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2. Principio de supremacía constitucional |
Al no tener consenso con otras fuerzas partidistas, se han basado en órdenes ejecutivas federales que atentan contra las facultades locales |
No cumple |
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3. Garantía de alternancia en el poder |
Con las modificaciones, al manipular padrones y restringir las modalidades de sufragio asociadas a la votación de la oposición, no se garantiza la alternancia en las elecciones venideras -al menos en noviembre. |
No cumple |
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4. Sistema de pesos y contrapesos |
Funciona parcialmente, pues el Poder Judicial autónomo y no capturado por el oficialismo, ha frenado la intentona de modificación. |
Cumple parcialmente |
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5. Descentralización política |
Centraliza la confección de la lista nominal, administrada por Seguridad Nacional |
No cumple |
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6. Fortalecimiento del sistema de partidos |
Utiliza las modificaciones y su sustento de injerencia extranjera, soberanía y seguridad nacional para polarizar a la opinión pública y confrontar al electorado en lugar de incentivar esquemas de deliberación |
No cumple |
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7. Instituciones electorales sólidas |
Debilita a la comisión electoral asfixiándolo presupuestalmente y al transferir atribuciones electorales a agencias gubernamentales dependientes del Ejecutivo |
No cumple |
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8. Participación ciudadana como base de la democracia |
Desincentiva la participación restringiendo el voto postal y no permitiendo que se vote como tradicionalmente se hace, con documentos de identidad como la licencia de conducir o credencial estudiantil, con un cambio en la forma de identificarse a menos de 4 meses de la elección. |
No cumple |
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9. Interacción con el entorno socioeconómico |
En lugar de atraer confianza e inversión, se genera incertidumbre política ahuyentando la certeza en los mercados financieros, en el marco de un potencial conflicto armado con Irán. |
No cumple |
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10. Pluralismo político |
No hay deliberación entre diversas fuerzas políticas, convirtiendo la posibilidad de reforma en una lucha en perjuicio de las minorías. |
No cumple |
En conclusión, las reformas planteadas por la actual administración norteamericana para cambiar el sistema electoral estadounidense caminan en dirección opuesta a las recomendaciones técnicas formuladas por los organismos del Sistema Interamericano y el Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia, así como los estudios elaborados por el Laboratorio Electoral para garantizar la integridad electoral.
Como ha sido expuesto, en cifras, la exigencia de presentar el pasaporte para votar vulnera a más del 52% de ciudadanas y ciudadanos que no poseen ese documento, y el hecho de que el nombre de las personas votantes coincida con las actas (certificados) de nacimiento y una identificación, podría dejar sin voto a 70 millones de mujeres que han cambiado su apellido tras casarse, por no decir el impacto a personas trans, personas en pobreza extrema o pertenecientes a pueblos originarios que carecerían de una identificación efectiva, convirtiendo un requisito administrativo en una barrera insalvable que, además, sería regresiva en cuanto a sus derechos humanos.
Por otro lado, ha sido un estándar internacional que las autoridades electorales deben poseer autonomía técnica y financiera, blindada de la influencia del gobierno en turno, situación que con las reformas propuestas no se percibe. De igual manera, la propuesta rompe con la temporalidad que exige la integridad electoral, pues se pretende que las modificaciones tengan efecto para esta elección, no con un año de anticipación como lo prevén los organismos internacionales, dando pie a procesos deliberativos que generen consensos amplios.
La búsqueda de la integridad electoral en los Estados Unidos podría impulsar una estrategia de reformas de carácter regresivo que no se alinea con los estándares democráticos contemporáneos. Al igual que en la experiencia comparada de América Latina, la administración actual apunta al uso de narrativas populistas de defensa de la soberanía nacional para justificar la captura institucional de los árbitros, la centralización de los controles y la restricción selectiva del sufragio.
Fuentes consultadas
Medios (Fact checking)
- https://www.pbs.org/newshour/politics/fact-checking-trumps-address-on-china-the-2020-election-and-what-documents-show
- https://www.aarp.org/advocacy/save-america-act-guide/
- https://www.cbsnews.com/news/trump-election-primetime-speech-declassified-documents-revisits-disputed-claims/
- https://www.cbsnews.com/live-updates/trump-primetime-speech-elections-china/
- https://www.wral.com/news/state/fact-check-trump-address-2020-election-china-july-17/
- https://www.military.com/trump-declassifies-cia-intelligence-on-alleged-maduro-election-rigging-efforts
- https://www.lawfaremedia.org/article/five-foreign-election-conspiracy-theories-making-the-rounds-again
The Regulatory Review (University of Pennsylvania Law School)
Vote.org
Brennan Center
Racism.Org
Democratic Erosion Consortium
- https://democratic-erosion.org/2026/04/22/why-the-save-act-misses-the-mark/
- https://democratic-erosion.org/2026/02/13/the-save-act-will-be-the-downfall-of-american-democracy/
- https://democratic-erosion.org/2026/03/04/the-save-act-voter-suppression-and-erosion-in-the-us/
League of Women Voters
