La Reforma Alterna al Poder Judicial

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Seguridad Pública

Revisión y reforma del marco normativo e institucional de la política criminal vigente en el país

- Establecer un nuevo marco de gobernanza apoyado en una política criminal integral, superando el enfoque punitivo, incorporando medidas que no solo prevengan sino que también disminuyan la criminalidad por medio de políticas sociales y económicas

- Crear la Instancia Nacional de Política Criminal, que coordine y articule a todas las instituciones relacionadas en los ámbitos federal, estatal y municipal, que formule políticas y acciones adaptadas a las necesidades específicas de cada entidad federativa

Mejoramiento en el acceso a la información pública y de los mecanismos para la evaluación de las instituciones de seguridad

- La construcción de datos abiertos y verificables sobre violencia (en particular la violencia homicida y la desaparición de personas)

- Desarrollar bases de datos abiertas que aborden la violencia estatal, obligando a instituciones de seguridad (civiles y militares) a publicar información detallada sobre personas heridas y fallecidas a manos de agentes de seguridad.

Implementación de medidas efectivas para mejorar el control de armas de fuego en el país

- Medidas que frenen su ingreso al país, con enfoque particular en la frontera Norte, cooperando estrechamente con los Estados Unidos.

- Mayor control federal en las fronteras y aduanas.

- Retomar los programas de canje e incautación de armas para reducir su presencia en las calles.

Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional y el fortalecimiento de instituciones civiles

- Un diagnóstico detallado de cada fuerza policial para identificar sus debilidades y necesidades

- La asignación de un presupuesto suficiente para asegurar prestaciones dignas y la dotación adecuada de insumos, equipo y personal

- Establecer un piso salarial mínimo para las policías en el país

- Aumentar el presupuesto federal hacia los estados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

- Establecer en la ley las condiciones mínimas necesarias para la función policial, incluyendo garantías institucionales y parámetros de formación, para instituciones de los tres niveles de gobierno, reformando la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para homologar prestaciones y jornadas laborales de los policías.

Justicia Penal

Incrementar los recursos económicos de la justicia penal local

- Revisar la distribución de recursos económicos actual, e incrementar de forma significativa, los discursos que son asignados a las instituciones de la justicia local en atención a sus necesidades particulares y el número y tipo de asuntos que conoce.

- Con el incremento de recursos económico, se permitirá un aumento del personal y su capacitación, y mejorar los sistemas tecnológicos de fiscalías estatales y poderes judiciales locales, creando las condiciones para que la justicia penal local logre investigar y resolver los asuntos de manera expedita, correcta y confiable desde la primera instancia.

La investigación del delito debe realizarse con un análisis de investigación y persecución de fenómenos y estructuras criminales como un todo

- Modificar la lógica de la investigación de casos aislados a una de análisis, persecución y combate de fenómenos y estructuras criminales, mediante la definición de las estrategias de intervención y la asignación de recursos en función de las prioridades.

- Una reestructura profunda para reducir la cantidad de fiscalías especiales, contemplando la creación de una coordinación encargada de gestionar el trabajo de las fiscalías especiales e incluir perfiles especializados en las diversas fiscalías.

Desarrollo e implementación efectiva de políticas de persecución penal estratégica en las fiscalías federales y estatales

- Desarrollar políticas de priorización en la persecución delictiva que desplieguen estrategias coordinadas a nivel nacional, que optimicen los recursos, prioricen las investigaciones y mejoren la eficacia operativa en la persecución delictiva.

- Realizar un análisis integral y detallado de la criminalidad, mediante la identificación de estructuras, patrones y relaciones delictivas, así como de los contextos específicos en donde ocurren las actividades.

Poderes Judiciales locales

Fortalecer la capacidad institucional de los poderes judiciales locales para atender adecuada y efectivamente las demandas de justicia de la ciudadanía

- Incrementar el número de jueces y juzgados en los poderes judiciales estatales, a partir de parámetros (tasas más bajas de jueces por habitante o territorios más extensos), a partir de un diagnóstico serio e individualizado del estado de la judicatura en los estados, desagregado por materia, población y territorio.

- Implementarse modelos de gestión judicial y el uso de herramientas tecnológicas para agilizar y optimizar los procesos. Contar con sistemas de gestión, recolección y organización de la información, y tener algunos procesos automatizados (administrativos, estadísticos, de transparencia, etc.)

- Expandir la política de mecanismos alternos de solución de conflictos, a partir de un diagnóstico que permita identificar los mejores modelos y prácticas institucionales. Incrementar el número de personas conciliadoras, mejorar sus capacidades técnicas y dotarlas de recursos materiales adecuados y suficientes.

- Garantizar la autonomía presupuestaria de los poderes judiciales estatales (al menos el 2.5% del presupuesto total de cada entidad federativa, y un incremento cuando deban implementarse reformas estructurales.

Implementar la carrera judicial y mecanismos de selección para todos los cargos judiciales que cumplan con criterios claros y objetivos

- Impulsar reformas a las constituciones locales y leyes orgánicas de los poderes judiciales, con el propósito de establecer sistemas de carrera judicial para las personas juzgadoras, magistradas y todo el personal que esté involucrado en funciones jurisdiccionales

- Que la selección y ascenso del personal se determinen a través de mecanismos que privilegien el mérito y las capacidades profesionales, que cumplan, como mínimo con:

- Una convocatoria pública que determine el número y naturaleza de las plazas vacantes y los criterios de evaluación.

- Un jurado, independiente del poder político, de las y los candidatos y de las jefas y jefes directos.

- Una clasificación de las personas candidatas admitidas por orden de mérito, de acuerdo con el conocimiento, competencias, capacidad profesional, trayectoria o integridad.

- Implementar herramientas para detectar actos de nepotismo.

- Cláusulas que garanticen la paridad de género en los cargos judiciales.

- Implementar cursos de inducción para las personas vencedoras de los concursos de oposición al cargo de jueces y magistraturas; que se realicen estancias breves en áreas del Poder Judicial que les permitan estar en contacto directo con personas usuarias.

- Homologar criterios y procedimientos para nombramientos, ratificación, suspensión y destitución

- Que los procesos de designación sean aplicables a vacantes con posterioridad a la reforma, respetando la estabilidad en el cargo y los derechos laborales de las personas

Redoblar los esfuerzos y asignar los recursos necesarios para la implementación de oralidad en la justicia civil y familiar, así como la consolidación de la oralidad mercantil

- Fortalecer a la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar transformándolo en un órgano permanente.

- En la implementación de la oralidad civil y familiar, recuperar las experiencias acumuladas por los poderes judiciales, con el propósito de identificar buenas prácticas y prever obstáculos.

- Continuar con la evaluación periódica de la implementación de los procesos orales mercantiles nacionales.

Consolidar la justicia laboral

- Profesionalizar a los operadores judiciales y someterlos a procesos de capacitación y evaluación, destinando recursos suficientes.

- Los centros locales deben contar con recursos suficientes para el desempeño de sus funciones

Implementar mecanismos efectivos para la disciplina judicial

- Impulsar reformas normativas en los estados garantizando que las personas juzgadoras solamente puedan ser sometidas a procedimientos disciplinarios de conformidad con reglas previamente establecidas, con base en criterios objetivos, garantizando que no puedan ser sancionadas como consecuencia del contenido de sus decisiones.

- Regular los procedimientos disciplinarios en las leyes orgánicas de los poderes judiciales locales:

- Causas de responsabilidad y sanciones

- Composición y funcionamiento de la autoridad encargada de sustanciar,

- Las garantías procesales de las personas acusadas, incluyendo un recurso judicial efectivo para recurrir el fallo ante un superior jerárquico

- Hacer públicas las resoluciones y sanciones impuestas a las personas juzgadoras sancionadas por el sistema disciplinario

Recuperar y fortalecer el constitucionalismo local

- Realizar un diagnóstico del diseño normativo y las facultades concurrentes de los tribuales o salas constitucionales locales en relación con las facultades de los tribunales federales.

- Incluir un análisis empírico de la utilización de medios de control constitucional local con miras a fortalecer su uso entre la ciudadanía

- Impulsar en el Poder Judicial de la Federación una política institucional que privilegie el margen de apreciación de los poderes judiciales estatales en materia de constitucionalismo local.

Ética y legitimidad institucional

Revisión crítica del flujo de los procesos judiciales para asegurar una perspectiva de justicia centrada en las personas

- Promover una perspectiva de justicia centrada en las personas, y no la visión de los procesos judiciales como mecanismos de generación de respuestas únicamente legales.

- Incluir indicadores de calidad en el servicio y la interacción de las personas justiciables y las autoridades del sistema de justicia.

Estandarización de las reglas de la carrera judicial en los poderes judiciales del país

- Estandarizar las reglas de la carrera judicial en el país y que la designación de las personas magistradas en las entidades sea resultado de procesos objetivos que evalúen el perfil, conocimiento y competencias de las personas candidatas.

- Estos procedimientos deben ser realizados por un órgano independiente y especializado para propiciar la mayor objetividad (Consejos de la Judicatura estatales, escuelas o institutos judiciales, academia o expertos de la sociedad civil)

- La expedición de una Ley Nacional de la Carrera Judicial que establezca los procesos y requisitos mínimos para la promoción dentro de la carrera judicial en el fuero local y federal

Desarrollo de programas de sensibilización, capacitación y evaluación en conocimientos y competencias para la ética y legitimidad institucional

- Diseñar e implementar programas de sensibilización, capacitación y evaluación en conocimientos y competencias para la ética y legitimidad institucional, implementados de forma transversal en todas las instituciones que integran el sistema de justicia, sobre la base de un enfoque práctico que incluya el análisis de dilemas éticos y el desarrollo de competencias específicas para promover la legitimidad.

- Revisar y rediseñar los mecanismos actuales de evaluación del desempeño del personal

Propuesta de reformas para combatir la corrupción y el nepotismo

Combate de corrupción y nepotismo

- La creación de un órgano auxiliar del Poder Judicial de la Federación que tenga independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, con competencia para conocer de los actos y conductas del PJF (SCJN, CJF, TEPJF).

- Este órgano debe contar a su vez con dos órganos, uno como autoridad investigadora y substanciadora.

- Simplificar todas las etapas del procedimiento de responsabilidades administrativas (investigación, substanciación y sanción)

- Armonizar los procedimientos con estándares internacionales

- Transparentar el número, origen y estado de las investigaciones, medidas cautelares, procesos y sanciones disciplinarias

- Construcción de una cultura de denuncia

- Disminución de la discrecionalidad en las labores administrativas de los órganos jurisdiccionales