Elecciones democráticas: criterios a considerar

La democracia en el mundo enfrenta en este momento uno de sus mayores retos: mantenerse como la alternativa a regímenes autoritarios, atendiendo las necesidades y demandas de la ciudadanía, mientras revisa constantemente su propio funcionamiento. Hemos visto cómo en los últimos años las elecciones se han convertido en una pantalla que esconde transiciones a regímenes autoritarios que buscan legitimar su permanencia en el poder, mientras desconocen los requerimientos más básicos de una democracia electoral.

Las elecciones implican mucho más que ejercer el voto el día de la jornada electoral. Para que haya elecciones se requieren reglas claras, transparencia, autoridades autónomas, condiciones de equidad para todas las candidaturas, libertad para ejercer los derechos, y respeto a los resultados, entre elementos.

La pregunta que queda es ¿cuáles son los elementos mínimos que debemos considerar para hablar de elecciones democráticas?

Cabe señalar que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, La Organización de Naciones Unidas, la Comisión Europea para la Democracia, la Organización de Estados Americanos, y otras organizaciones, encuentran como esenciales en una democracia:

I. Elecciones competitivas

Esta es una de las condiciones básicas que las organizaciones nacionales e internacionales revisan al momento de observar elecciones: el piso parejo para todas las candidaturas y fuerzas políticas. Consiste en permitir que cualquier persona, y/o asociación política vea garantizado su derecho a postularse para competir por un cargo público, ejerciendo plenamente todos sus derechos, contando con posibilidades reales de ganar, específicamente no siendo obstaculizadas por ningún otro actor político, y sobre todo, permitiendo al electorado contar con opciones reales entre las cuales elegir.

Dentro de este principio, es importante tener en cuenta que todas las fuerzas políticas deben tener acceso equitativo a tiempos en radio y televisión, y a la misma posibilidad de financiamiento que todas las demás fuerzas. Nadie puede obtener condiciones ventajosas a partir de conductas o intervenciones indebidas.

II. Elecciones limpias

Este principio revisa que la voluntad ciudadana no se vea alterada en ninguna forma, y mucho menos para beneficiar a una u otra opción política. Este respeto a la voluntad ciudadana tiene que venir no solo desde los actores políticos que participan en los procesos electorales, sino desde las autoridades electorales y la misma ciudadanía. Cualquier indicio de que la voluntad ciudadana no está siendo respetada pone en riesgo el principio de elecciones limpias.

Aquí también es importante mencionar que la autoridad electoral encargada de organizar la jornada debe respetar un mínimo de condiciones para asegurar que el proceso electoral sea justo y equitativo para todas las partes, que haya fechas establecidas, y que estas sean conocidas por todas y todos los actores, teniendo en cuenta, por supuesto, que no haya cambios de última hora en la legislación y las reglas electorales.

III. Elecciones periódicas 

Dentro de los principios que es necesario revisar a la hora de hablar de elecciones democráticas es que estas se realicen de manera periódica, que contemplen periodos definidos de duración de un cargo público, y reglas claras que garanticen la transición del poder después de los resultados. La convocatoria a una elección tiene que respetar los plazos previamente acordados, y asegurar que la jornada electoral se realice previo al término del periodo establecido previamente para la duración de un cargo, sin excepciones, ni extensiones de mandato, cambios en la reelección u obstaculización para que cualquier otra persona busque un cargo público.

IV. Elecciones inclusivas

Este principio es básico en democracia porque implica la garantía de todas las y los ciudadanos, independientemente de su raza, género, condición social, o cualquier otra circunstancia, a ejercer legalmente un voto libre y secreto. Bajo ningún precepto se deben incluir requisitos no previstos en la ley para el ejercicio del voto. Esto incluye también a todas las y los residentes en el extranjero, siempre que su participación sea contemplada en la Constitución o las leyes que reglamentan los procesos electorales.

V. Autoridades electorales autónomas e independientes

Las autoridades electorales deben contar con autonomía para la toma de decisiones e independencia en el ejercicio de sus facultades y atribuciones. Una garantía fundamental para dotar de certeza y autenticidad los comicios es que la autoridad electoral sea un órgano confiable, ajeno a las decisiones políticas y partidistas, y con independencia en la toma de decisiones y autonomía en su gestión.

Los anteriores principios están acompañados de derechos innegables a las y los ciudadanos, siendo estos:

Derecho a la democracia: la Carta Interamericana establece que los pueblos de América tienen el derecho a la democracia, lo que implica que la voluntad ciudadana es la base de la legitimidad de la autoridad de un gobierno, y que este cambia a través de elecciones libres, auténticas, periódicas, en condiciones de equidad y por la vía del voto.

Derechos políticos: éstos otorgan a la persona la condición de ciudadanía y la capacidad de elegir libremente y participar activamente en la toma de decisiones de los asuntos públicos del país. Entre otros, se incluyen el derecho a votar y ser votado, participar en el gobierno, ocupar cargos públicos, a manifestarse libremente, a afiliarse libremente y a reunirse libremente. Éstos solo pueden ser suspendidos a partir de leyes previamente publicadas, y no deben responder a interpretaciones abusivas o arbitrarias ni desproporcionales, y que no estén previstas en la ley.

Derecho a la información: con éste la ciudadanía tiene acceso a información que le permite participar en el sistema democrático, pues la provee de fuentes diversas que le permiten tomar decisiones en medio de discusiones públicas, ya sean relacionadas con un proceso electoral o con el desempeño de las autoridades electas bajo este. Aquí también se deben tener en cuenta medidas para garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión y la seguridad a las y los periodistas, independientemente de su línea editorial.

Un proceso electoral justo

Un proceso electoral debe contar con al menos tres etapas mínimas:

Actos preparatorios de la jornada: corresponde a todas aquellas actividades que permitan orientar el esquema que acompaña a una jornada electoral. Esto implica fechas previas, plazos fijos y legales, selección de candidaturas, tipos de financiamiento y topes de gastos, acceso a tiempos de radio y televisión para propaganda política, capacitación de servidores electorales para recepción de votos, preparación de lugares de votación y publicación de todas estas medidas.

La transparencia en los actos preparatorios en un proceso electoral es fundamental para que no solo los actores políticos puedan prepararse para que la ciudadanía sepa perfectamente el momento en el que acudirá a las urnas y bajo qué condiciones. Dentro de esta etapa también se tiene que hacer un registro de ciudadanas y ciudadanos habilitados para votar, y los plazos en los que podrán registrarse para este efecto. Un padrón electoral confiable, transparente e inclusivo, es fundamental para permitir que todas y todos ejerzan sus derechos político-electorales. En esta etapa se actualiza, con base en la ley, la distritación electoral, y, en general, la distribución del país para la representación efectiva de la ciudadanía.

En etapa se tienen que garantizar todos los principios anteriormente mencionados y tener especial cuidado con la apertura a que la ciudadanía encuentre opciones viables y diferentes en la boleta electoral.

Jornada electoral: la ciudadanía tiene que conocer, previo a la jornada electoral, los horarios, los lugares, los requisitos para votar, las candidaturas, las boletas que van a recibir, y el momento en el que van a conocer los resultados. Cambios de última hora en cualquiera de estos puntos puede tener efectos negativos en la certeza, en la confianza y en el reconocimiento de los resultados electorales.

Resultados y validez de las elecciones: los procesos electorales no terminan hasta que no sea declarada la validez de una elección, se haya puesto a disposición de la ciudadanía toda la información relativa a los resultados, y haya sido transparente la transmisión de los mismos. Independientemente del resultado, la ciudadanía tiene que poder verificar, revisar, e impugnar resultados preliminares. La autoridad electoral tiene que ser independiente y autónoma en sus decisiones, y debe funcionar como intermediaria para resolver posibles conflictos electorales, con la mayor certeza posible. Cualquier alteración en esta etapa, puede echar para atrás todos los esfuerzos invertidos en las etapas previas.

Por último, es importante mencionar que la comunidad internacional ha desarrollado mecanismos de acompañamiento a procesos electorales en todo el mundo. Es por eso que la observación electoral se ha convertido en uno de los pilares básicos que permiten la verificación de procesos electorales democráticos. Debido a lo anterior, cualquier obstaculización o impedimento, no previsto en la ley, al acompañamiento de organizaciones que hagan observación electoral, se convierte en un foco rojo inmediato que pone en duda la validez y veracidad de un proceso electoral, y de sus resultados.

Bajo este contexto, es pertinente advertir diversos casos en América Latina donde los retrocesos democráticos están abriendo camino a elecciones que se consideran no democráticas.

El ejemplo más reciente es el de la elección presidencial de Venezuela, la cual se realizó sin garantizar varios de los elementos mínimos que debe tener un ejercicio de esta naturaleza.

Las elecciones en Venezuela no contaron con condiciones de equidad, la intervención del gobierno fue constante y evidenciada por diversos actores nacionales. No hubo condiciones de certeza pues tanto la fecha de la elección como las reglas tuvieron cambios de último momento. No se respetó el derecho a votar de la ciudadanía pues miles de ciudadanos y ciudadanas que viven en el extranjero no pudieron votar ante el cambio en los requisitos para poder participar. Se negó la entrada de observadores y acompañantes internacionales de última hora, entre otras irregularidades. Es posible que una de las más graves sea la nula transparencia en la transmisión y publicidad de los resultados y la poca confianza que ha generado la autoridad electoral.

Pero el caso de Venezuela, aunque es el más reciente, no es el único. En los últimos años hemos visto cómo las elecciones en El Salvador y Nicaragua se han llevado a cabo bajo condiciones adversas a los principios y valores democráticos. Aunque las elecciones se siguen realizando, no es viable considerarlas elecciones democráticas y exigen de observación y acompañamiento nacional e internacional.