Como dijo Jesús Reyes Heroles, “en política, la forma es fondo”. Y en este proceso de reforma electoral ni la forma, ni el fondo convencen. En este texto se abordan dos temas: los vicios en el reinicio de la labor legislativa tendente a la aprobación de la reforma electoral y la primera parte de los aspectos mínimos que debería contemplar la agenda de lo electoral.
El procedimiento que se ha seguido para la reforma electoral es una farsa porque adolece de transparencia, legitimidad, credibilidad, prestigio, imparcialidad y pluralidad. Es, en términos generales, una simulación.
Lo anterior se sustenta primeramente en el método seleccionado para realizar los trabajos de estudio. El grupo de trabajo se integra únicamente por diputados, los cuales analizarán las iniciativas presentadas. Dicho estudio permitiría la integración del dictamen respectivo y su discusión. Sin embargo, dicha discusión parece estar marcada por tiempos impuestos por el partido de gobierno y sin diálogo ni debate ciudadano.
Adicionalmente, es posible ver una falta de consenso sobre lo que necesita el sistema electoral. Desde que reiniciaron los trabajos para la reforma actual, el pasado 25 de octubre de 2022, el partido Movimiento Ciudadano afirmó que los mismos son una farsa y conllevan un “proyecto nocivo” para la democracia. Por esa razón ese partido anunció que no avalará la reforma electoral. Por su parte, el PAN, PRI y PRD de inmediato afirmaron que sí habrá reforma electoral, pero que ésta no podrá vulnerar la autonomía del INE y del TEPJF.
Por otra parte, la discusión se ha centrado casi exclusivamente en los diferentes aspectos de la iniciativa presidencial. De tal manera que han quedado en el olvido los trabajos y propuestas planteadas en los foros del parlamento abierto y el parlamento alterno, así como de otros importantes eventos celebrados por organizaciones de la sociedad civil.
En este contexto, debemos exigir que la JUCOPO y las comisiones legislativas respectivas reconsideren el camino trazado y fomenten no solo un verdadero debate sino consenso entre las fuerzas políticas. Es fundamental conformar, vía el consenso, un comité técnico multidisciplinario, responsable de la elaboración de la agenda de trabajo, en donde se posibilite un debate nacional sobre aspectos específicos en la materia.
Dicho comité analizaría integralmente las iniciativas presentadas, los documentos e investigaciones que se han realizado, así como las propuestas vertidas en los mencionados parlamentos. Este comité sería el encargado de trabajar el proyecto de dictamen, para el posterior estudio de las comisiones involucradas.
Dicho lo anterior, desde este texto se busca llamar la atención sobre los temas, aspectos mínimos y propuestas que deberían contemplarse de cara a una posible reforma electoral.
Instituciones electorales
Proceso para la designación de consejeros del INE y de los OPLES
El artículo 41 de la constitución federal, señala:
a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación…
b) El comité (…) evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados;
c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales (…).
Al respecto se propone que el mencionado comité deberá ser integrado por personas de reconocido prestigio, de las cuales dos deberán ser nombradas por la CNDH, dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de la Constitución federal y siete por el Consejo Universitario de la UNAM. Dicho comité seleccionaría a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitiría la relación correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados. Posteriormente, se convocará a sesión de pleno para realizar la elección mediante insaculación de la lista conformada por el citado comité.
En el caso de los OPLES, se propone que personas de reconocido prestigio, previamente seleccionadas por las instancias respectivas de las universidades e instituciones académicas indicadas por el INE, conformen los comités de evaluación. Conforme al párrafo anterior, la insaculación se llevaría a cabo en sesión del consejo general del INE. Está misma lógica podría aplicarse en la designación de los magistrados electorales del TEPJF y de los tribunales locales.
Cuestiones esenciales del funcionamiento y logística de las elecciones
Se propone la homologación de los calendarios electorales para que no existan traslapes en fechas de las diferentes etapas de los procesos federal y locales. Asimismo, se propone revisar los procedimientos de la cadena de custodia en el traslado de los paquetes electorales, etc.
Dinero en política
El llamado dinero debajo de la mesa es el principal problema que se debe atender en la agenda electoral. En el estudio denominado “Dinero bajo la mesa”, coordinado por María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, se puntualiza la dimensión del problema:
“En aproximaciones conservadoras, se estima que, en promedio, ¡por cada peso que un candidato a gobernador declara y que la autoridad observa, hay 15 pesos más que se mueven en la oscuridad” (Casar y Ugalde,2018: 10).
Propuestas:
- Deben rediseñarse la FEPADE y fiscalías locales, para que realmente tengan autonomía de gestión y financiera.
- Debe implementarse la propuesta del ex consejero del IFE, Jaime Cárdenas Gracia, sobre la práctica de auditorias concomitantes, es decir, revisiones integrales, donde participen la UIF, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Fiscalización del INE. Asimismo, refiere el exconsejero, verificar la posibilidad de bancarizar todas las operaciones de los partidos.
- La Unidad de Fiscalización debe ser autónoma y contar con áreas en materia de inteligencia financiera y cibernética, redes, etc.
- Deben robustecerse los procedimientos especiales sancionadores en materia de fiscalización, así como el marco sancionatorio.
- Deben rastrearse los fondos de dudosa procedencia y recursos públicos, que posibilitan la compra y coacción del voto.
- Debe darse seguimiento de oficio a las denuncias relacionadas con los apoyos que se entregan en efectivo a personas que votaron por un candidato y tienen prueba de ello, como la foto de su sufragio (lo denomino foto-voto). Al respecto, se propone que la ciudadanía que acude a votar no ingrese a la mampara con su teléfono móvil para evitar que tomen imágenes de su sufragio, como acontece en otros países,
- La Unidad de Fiscalización debe establecer estrategias para el seguimiento de los reportes de acarreo de personas y entrega de dadivas en eventos y casas amigas, certificando lo conducente.
- Se debe dar seguimiento a las denuncias en redes sociales, donde hay grabaciones del reparto de despensas, dinero, etc. Así, debe revisarse el actual criterio de la llamada prueba ilícita en relación con tales denuncias.
En materia de financiamiento público ordinario, se propone la reducción de la variable de la UMA del 65%, al 35% o a un porcentaje menor de la formula nacional para la asignación del financiamiento público ordinario; o en su defecto ministrar únicamente el financiamiento federal, conformando una bolsa de financiamiento nacional y eliminando los financiamientos que corresponden a las entidades federativas.
Sobre la promoción personalizada y uso de recursos públicos
Es urgente procesar la ley reglamentaria del Artículo 134 de la constitución federal y procedimientos que se deriven. Dicha ley debe atender el tema de la participación activa de los funcionarios públicos en actos proselitistas, sobre todo el caso de las llamadas “corcholatas presidenciales”, que está generando inequidad en la contienda.
*Jorge Manriquez Centeno es especialista en materia electoral. Exconsejero presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo (2009 a 2015) y ex director de Partidos Políticos del mismo Instituto (2003 a abril de 2009).
El análisis y las conclusiones vertidas en este texto, así como su investigación y soporte teórico, son responsabilidad de la o el autor. El Microscopio Electoral del Laboratorio Electoral sirvió exclusivamente como plataforma de difusión.
